La Justicia laboral dio por cumplidas las obligaciones económicas de FATE con sus ex empleados y dispuso levantar el embargo sobre fondos de la empresa. También ordenó reintegrarle el saldo que permanecía en una cuenta judicial. La decisión cierra la controversia por salarios e indemnizaciones vinculada al cierre de la planta, anunciado el 18 de febrero.
El juzgado consideró ejecutadas las transferencias previstas y rechazó la oposición de la parte actora al pedido de devolución presentado por la empresa. Parte de los fondos retenidos ya se había utilizado para pagar adicionales salariales reclamados después del cierre. La resolución, sin embargo, no resolvió la disputa sobre quién puede ingresar al establecimiento ni el destino de los bienes que permanecen allí.
La planta de Virreyes, en el partido de San Fernando, sigue ocupada por ex trabajadores y dirigentes sindicales que reclaman la reapertura de la fábrica y la reincorporación de toda la dotación. FATE sostiene que esa situación limita el acceso y le impide retirar neumáticos, materias primas y otros bienes almacenados. El conflicto comenzó cuando la empresa anunció el cierre definitivo y el despido de unos 920 trabajadores.
La causa penal tuvo decisiones contrapuestas sobre la restitución del predio. En un primer momento, un juzgado de garantías ordenó el desalojo, pero una cámara de apelaciones revocó esa medida al considerar que la ocupación se enmarcaba en un conflicto laboral y en medidas de acción directa. Meses después, otra resolución volvió a favorecer el desalojo, aunque fue cuestionada mediante nuevas presentaciones. La sucesión de decisiones y recursos mantiene sin una salida material la disputa por la planta, casi nueve meses después del cierre.
